La Unión Europea ha mantenido un firme compromiso con la eliminación de barreras que obstaculizan la libre circulación de servicios en el mercado interior. Este compromiso se refleja en la evolución de la Directiva UE relativa al desplazamiento de trabajadores, cuya primera versión data de 1996. Aunque esta directiva estableció condiciones mínimas para el trabajo transfronterizo, con el tiempo se evidenciaron carencias que dieron lugar a prácticas cuestionables debido a la falta de claridad en algunas disposiciones.
Para abordar estas deficiencias, la Unión Europea introdujo la Directiva UE 2018/957 del Parlamento y del Consejo, aprobada el 28 de junio de 2018. Esta modificación de la Directiva 96/71 CE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de servicios transnacionales marcó un hito significativo al incorporar cambios clave.
- Igualdad de Trato: Uno de los aspectos más destacados de la Directiva modificada es la introducción del principio de igualdad de trato. Esta disposición busca garantizar que los trabajadores desplazados tengan los mismos derechos y condiciones laborales que los trabajadores locales. Esta medida contribuye a la creación de un entorno laboral más equitativo y a la protección de los derechos fundamentales de todos los empleados, independientemente de su lugar de origen.
- Ampliación del Concepto de Remuneración: Otro cambio crucial es la ampliación del concepto de remuneración. La directiva redefine y clarifica lo que se considera remuneración, abarcando no solo el salario base sino también otros elementos, como las prestaciones sociales y los gastos relacionados con el desplazamiento. Esta ampliación busca garantizar una compensación justa y completa para los trabajadores desplazados, fortaleciendo así la integridad del mercado laboral europeo.
- Establecimiento de una Duración Máxima para el Desplazamiento: La nueva directiva también establece una duración máxima para el desplazamiento de trabajadores. Este límite temporal tiene como objetivo prevenir abusos y garantizar que los desplazamientos no se conviertan en una práctica prolongada que pueda afectar negativamente a los trabajadores y a la competencia leal en el mercado.
Cada país de la Unión Europea tiene la responsabilidad de implementar la Directiva en su legislación nacional, adaptándola a sus normas y regulaciones particulares. Esta descentralización fomenta la cooperación entre los Estados miembros, promoviendo una aplicación efectiva y consistente de la legislación.
En sintonía con este compromiso europeo, España dio un paso importante al aprobar el Real Decreto-Ley 7/2021 el 27 de abril de 2021. Con esta acción, España ha completado la transposición de la Directiva en su ordenamiento jurídico nacional, fortaleciendo así la protección de los derechos laborales y contribuyendo a la construcción de un mercado laboral más justo y equitativo en el seno de la Unión Europea.
Objetivo de la directiva UE 2018/957 sobre desplazamiento de trabajadores
La Directiva UE 2018/957 tiene como objetivo garantizar condiciones mínimas laborales dentro de la Unión Europea. Está referida concretamente al desplazamiento de trabajadores dentro de la UE, y se materializa cuando una empresa envía a uno de sus trabajadores a trabajar temporalmente en otro estado de la UE, ya sea para prestar servicios transfronterizos o en el contexto de una prestación de servicios.
La principal característica de la Directiva es que garantiza que los trabajadores desplazados reciban un conjunto mínimo de derechos, incluido el salario mínimo del país anfitrión, las horas de trabajo, periodos de descanso, vacaciones y condiciones de trabajo. Además, establece la igualdad de trato con los trabajadores locales en términos de normas laborales.
La presente directiva es crucial para garantizar las condiciones laborales adecuadas en toda la UE. Permite que los trabajadores desplazados gocen de condiciones justas y que las empresas compitan en igualdad de condiciones. También contribuye a la cohesión social y económica, fortaleciendo la confianza en el mercado único europeo.
Por último, con la Directiva, no solo se garantiza el cumplimiento, sino que existen también requisitos formales como la comunicación obligatoria de cada desplazamiento, por lo que las empresas deben notificar a las autoridades del país anfitrión y a sus trabajadores, el hecho que se realizará el desplazamiento, el tipo de labor, si va por cuenta propia o ajena, y los días de desplazamiento, como ejemplo general de la comunicación.
La Directiva obliga a todas las empresas a comunicar ante la autoridad laboral competente el desplazamiento de trabajadores a cada uno de los países europeos donde se desplaza el trabajador, teniendo en cuenta los requisitos específicos del país, tanto por los requisitos formales como en función de los días del desplazamiento.
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