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El pasado 30 de marzo de 2025, Bangladesh se sumó oficialmente al convenio de canje de permisos de conducir con España. Este reciente acuerdo facilita que ciudadanos bangladesíes residentes en España puedan intercambiar sus permisos de conducir originales por el equivalente español, simplificando así su movilidad y acceso laboral en territorio español.

Con la incorporación de Bangladesh, ya son múltiples los países que tienen acuerdos similares vigentes con España. Entre los últimos países en incorporarse a este convenio destacan Honduras, cuyo acuerdo entró en vigor el 26 de noviembre de 2024; Moldavia, desde el 11 de mayo de 2024; y Georgia, a partir del 5 de abril de 2024. También es importante destacar el convenio firmado con la República de Honduras el 13 de mayo de 2024 y con Moldavia el 11 de mayo del mismo año.

En total, España mantiene convenios bilaterales de canje de permisos de conducir con más de una veintena de países, incluyendo naciones de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, entre otras. Estos acuerdos buscan facilitar el proceso administrativo para los extranjeros residentes en España y fomentar la integración social y económica de estas comunidades.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que cada país adherido tiene procedimientos específicos, siendo imprescindible que los permisos a canjear estén vigentes y hayan sido obtenidos antes de adquirir la residencia legal en España. Además, en algunos casos específicos puede ser necesario realizar pruebas prácticas o teóricas adicionales para garantizar que los conductores cumplen con los estándares exigidos por la normativa española.

Este tipo de acuerdos contribuyen significativamente a la seguridad vial, ya que aseguran que los conductores extranjeros están debidamente habilitados y cumplen con las normativas establecidas en España. Asimismo, el proceso de canje es vital para reducir trámites burocráticos y agilizar la adaptación de los nuevos residentes en España.

Para obtener información completa y actualizada sobre estos convenios y los requisitos particulares, los interesados deben consultar directamente la página web oficial de la DGT o acudir a sus oficinas locales, donde recibirán orientación personalizada sobre cómo completar el proceso con éxito. Si necesitas hacer un canje de carnet de conducir, contáctanos y te ayudaremos y asesoraremos.

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El gobierno del Reino Unido ha anunciado un incremento considerable en el precio de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), que pasa de 11 euros a aproximadamente 20 euros. Este aumento se produce apenas una semana después de la implementación oficial del sistema para viajeros europeos, lo que podría impactar significativamente en los costos y la planificación de los viajeros internacionales hacia territorio británico.

La ETA mantiene su vigencia de dos años y permite estancias de hasta seis meses por cada entrada. Cabe señalar que este documento no es un visado tradicional, sino una autorización electrónica similar a la que ya aplican países como Estados Unidos o Canadá.

El requisito es obligatorio para viajeros exentos de visado provenientes de 87 países y territorios, que incluyen: Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Baréin, Barbados, Bélgica, Belice, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kiribati, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Maldivas, Malta, Islas Marshall, Mauricio, México, Micronesia, Mónaco, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Omán, Palaos, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Arabia Saudí, Islas Salomón, Corea del Sur, España, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Samoa, Seychelles, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Taiwán, Tonga, Tuvalu, Uruguay y el Vaticano.

Esta autorización debe obtenerse con anticipación, preferiblemente al menos 72 horas antes del viaje, a través del portal oficial del gobierno británico o mediante la aplicación móvil “UK ETA”. Aunque normalmente la respuesta se recibe en pocos minutos, podría excepcionalmente demorar hasta tres días.

Esta medida afecta particularmente a aquellos viajeros que utilizan conexiones aéreas frecuentes con los aeropuertos más importantes del Reino Unido, tales como Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Mánchester o Edimburgo, además de conexiones marítimas y ferroviarias desde grandes ciudades europeas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan verificar el estado de la aprobación antes de presentarse en los puntos de embarque y mantener siempre a mano una copia impresa o digital de la autorización. Asimismo, recuerdan que, a pesar del aumento de precio, la duración de la autorización sigue siendo la misma, permitiendo múltiples entradas durante sus dos años de validez.

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Las autoridades migratorias estadounidenses han intensificado significativamente las revisiones y controles aplicados a los extranjeros que buscan ingresar al país. Esta nueva medida responde a la política del gobierno actual, que ha decidido implementar criterios más estrictos y exhaustivos tanto en la emisión de visas como en los controles realizados en los puntos de entrada al país.

En este contexto, recomendamos que los viajeros internacionales presten especial atención a la documentación migratoria antes de realizar cualquier desplazamiento hacia los Estados Unidos. Entre las recomendaciones específicas se encuentra la necesidad de verificar cuidadosamente la validez de la visa otorgada, asegurarse de que el pasaporte esté vigente por al menos seis meses más allá del período previsto de estadía en Estados Unidos y contar con documentación adicional que respalde el propósito del viaje de forma clara y verificable.

Algunas de las situaciones destacadas en esta alerta son:

• Incremento sustancial en inspecciones secundarias, particularmente dirigidas a viajeros con antecedentes penales o infracciones migratorias anteriores, quienes podrían enfrentar negación de entrada, e incluso detención preventiva hasta su deportación.
• Mayor escrutinio dirigido a empleados que operan en sectores considerados sensibles, tales como agricultura, construcción, consultoría y manufactura, quienes podrían experimentar tiempos prolongados de espera en los puntos de entrada.
• Requerimientos adicionales por parte de los oficiales migratorios, incluyendo evidencia sobre el motivo específico del viaje, cartas formales de invitación, comprobantes laborales actuales, documentos financieros y pruebas contundentes de vínculos con el país de origen que aseguren la intención del viajero de regresar.
• Posibilidad de inspecciones más profundas que incluyen la revisión de dispositivos electrónicos personales por parte de oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las empresas con empleados que viajan regularmente a Estados Unidos por motivos laborales deberán adaptar y fortalecer sus procedimientos internos para anticipar y responder efectivamente ante interrogatorios adicionales o verificaciones por parte de las autoridades migratorias.

Finalmente, resaltamos que el propósito de estas medidas no es otro que garantizar una entrada segura y ordenada al país, además de asegurar el riguroso cumplimiento de las leyes migratorias existentes. Por ello, recomendamos enfáticamente mantener una actitud paciente, educada y veraz al interactuar con oficiales migratorios, proporcionando información precisa y completa durante los procedimientos de entrada.

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A partir del próximo 20 de mayo de 2025 entrarán en vigor nuevas modalidades de arraigo que permitirán la regularización migratoria de miles de personas en España, gracias al Real Decreto 1155/2024 aprobado el pasado 19 de noviembre. Esta reforma introduce importantes cambios en el Reglamento de Extranjería, facilitando la integración social y laboral de quienes ya residen en territorio español.

Entre las novedades más destacadas del nuevo reglamento se encuentran:

1. Arraigo de segunda oportunidad:

Esta modalidad favorecerá a aquellas personas que ya han residido previamente en España con un permiso y que, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron renovarlo. Ahora podrán obtener una nueva autorización de residencia y trabajo cumpliendo ciertos requisitos específicos.

2. Arraigo sociolaboral:

Dirigido a quienes llevan al menos dos años viviendo en España y cuentan con un contrato de trabajo de al menos 20 horas semanales. Este nuevo tipo de arraigo busca proporcionar estabilidad jurídica y laboral a trabajadores migrantes que ya están integrados en el mercado laboral pero carecían de la regularización adecuada.

3. Arraigo social con vínculo familiar:

Se amplía esta modalidad para incluir a aquellas personas con familiares cercanos en España, tales como cónyuges, parejas registradas, ascendientes o descendientes, siempre que puedan demostrar suficiente soporte económico para sostenerse durante su estancia.

4. Arraigo socioformativo:

Esta opción estará disponible para migrantes que lleven al menos dos años residiendo en España y que estén matriculados o se comprometan a realizar una formación profesional vinculada a sectores de alta demanda laboral. Esta formación, que puede realizarse de manera presencial o semipresencial, permitirá además trabajar hasta 20 horas semanales durante el periodo de estudios.

Con estas modificaciones, el gobierno español busca dar respuesta a la realidad migratoria actual, promoviendo una regularización más flexible y efectiva que impulse la inclusión y estabilidad social de las personas migrantes.

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El 13 de septiembre de 2024, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo de China aprobó las “Medidas del Consejo de Estado sobre la Postergación Gradual de la Edad Estatutaria de Jubilación”, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2025. Estas medidas establecen un aumento progresivo de la edad de jubilación en un período de 15 años.

Según la nueva normativa, los empleados varones y las empleadas en puestos administrativos o de oficina (white-collar), que actualmente se jubilan a los 60 y 55 años respectivamente, verán su edad de jubilación incrementarse en un mes por cada período de cuatro meses, alcanzando los 63 y 58 años en 2040. Por otro lado, las empleadas en puestos operativos o manuales (blue-collar) pasarán de los 50 años actuales a los 55 en 2040, con un aumento de un mes por cada período de dos meses.

Por ejemplo, un empleado varón que originalmente se jubilaría el 1 de enero de 2025 ahora lo hará el 1 de febrero de 2025 (un mes más tarde). De igual forma, alguien que estaba programado para jubilarse el 1 de mayo de 2025 ahora lo hará el 1 de julio de 2025 (dos meses más tarde).

Además, a partir del 1 de enero de 2030, los años mínimos de cotización requeridos para acceder a los beneficios de pensión también se incrementarán de manera gradual. Actualmente fijados en 15 años, se añadirán seis meses por cada año hasta alcanzar los 20 años de cotización.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2024, tres ministerios y el Departamento de Organización del Comité Central del Partido emitieron el Aviso sobre las “Medidas Provisionales para la Implementación del Sistema de Jubilación Flexible”. Esta normativa, también vigente desde el 1 de enero de 2025, amplía las disposiciones sobre la jubilación anticipada y postergada. Los empleados que cumplan con el período mínimo de cotización podrán optar por una jubilación anticipada, siempre que su edad no sea inferior a los umbrales establecidos antes de 2025. De igual manera, quienes deseen seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación podrán hacerlo.

El documento oficial adjunto incluye tablas comparativas según género y tipo de empleo, detallando cómo se retrasará progresivamente la edad de jubilación. Estas tablas están disponibles en chino con traducción al inglés para referencia.

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A partir del 16 de julio de 2025, entrará en vigor en Colombia una reducción en la jornada laboral máxima semanal, pasando de 46 a 44 horas. Este cambio es parte de la implementación progresiva de la Ley 2101 de 2021, que busca disminuir paulatinamente el tiempo de trabajo sin afectar los salarios ni los derechos adquiridos de los empleados. Esta modificación supone un ajuste en la forma en que las empresas gestionan el tiempo de trabajo y los costos laborales, lo que conlleva implicaciones tanto para empleadores como para trabajadores.

¿A quién aplica esta ley?

La reducción de la jornada laboral impactará principalmente a los trabajadores del sector privado bajo contratos laborales. Sin embargo, existen algunas excepciones:

• No aplica a los empleados del sector público, a excepción de aquellos que se rijan por el Código Sustantivo de Trabajo.
• Se excluyen aquellas jornadas especiales de trabajo establecidas para ciertos sectores o grupos específicos, como los menores de edad con permiso laboral.
• No afecta a empleados con regímenes especiales que tengan acuerdos de trabajo distintos a la normativa general.

Impacto en las Empresas

Para los empleadores, esta reducción en las horas de trabajo supone un cambio importante en la estructura de costos y la planificación laboral. Algunos de los principales aspectos a considerar incluyen:

• Reajuste en el pago de horas extras: Al reducirse la jornada laboral estándar, el valor de la hora ordinaria de trabajo aumenta, lo que implica que el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos también se verá afectado.
• Adecuación de procesos internos: Las empresas deberán revisar y ajustar sus sistemas de control horario, nóminas y esquemas de turnos para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.
• Productividad y bienestar laboral: Diversos estudios han demostrado que una jornada laboral reducida puede contribuir a un mayor bienestar de los trabajadores, reduciendo el agotamiento y mejorando el desempeño en el trabajo. Cumplir con la ley no solo evitará sanciones, sino que también puede representar una oportunidad para mejorar el clima organizacional y la retención del talento.

Antecedentes y Proyecciones

La Ley 2101 de 2021 establece que la jornada laboral en Colombia disminuirá gradualmente hasta llegar a las 42 horas semanales en 2026. La primera reducción, de 48 a 47 horas, ya se aplicó en 2023, y ahora, en 2025, se implementará la reducción a 44 horas. Para el año 2026, la jornada laboral máxima quedará establecida en 42 horas semanales.

Este tipo de medidas se alinean con tendencias globales que buscan mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. En países como España y Francia, la reducción de la jornada laboral ha sido un tema clave en el debate sobre productividad y bienestar de los trabajadores. Empresas en diferentes partes del mundo han implementado pruebas de semanas laborales reducidas con resultados positivos en términos de eficiencia y satisfacción laboral.

Desafíos y Expectativas

Si bien esta medida representa un avance en términos de derechos laborales, también plantea desafíos para sectores que dependen de esquemas de turnos extendidos o que requieren alta disponibilidad de personal. Es probable que algunas industrias busquen estrategias para mitigar el impacto de esta reducción, como la optimización de procesos, la automatización de ciertas tareas o la contratación de más personal para cubrir las horas requeridas.

El Ministerio del Trabajo ha enfatizado que el cumplimiento de esta medida será monitoreado y que las empresas que no acaten la nueva normativa podrán enfrentarse a sanciones. Por ello, es fundamental que tanto empleadores como trabajadores se informen y adapten a estos cambios de manera anticipada.

En conclusión, la reducción de la jornada laboral en Colombia a partir de julio de 2025 representa un paso importante en la evolución del mercado laboral del país. Su implementación exitosa dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse y de la disposición de los trabajadores para aprovechar este nuevo esquema de trabajo de manera productiva y equilibrada.

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El Ministerio de Transportes ha aprobado la Orden TRM/59/2025, de 16 de enero, por la que se regula el certificado de conductor para la realización del transporte público internacional de mercancías por carretera.

El Reglamento (CE) n.º 1072/2009 establece la obligación de contar con un certificado de conductor para los transportistas titulares de una licencia comunitaria que empleen conductores contratados legalmente o que estén a disposición del transportista, salvo en el caso de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o residentes de larga duración conforme a la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003.

Dado que este reglamento es aplicable en el Espacio Económico Europeo (EEE) y ha sido incorporado al Acuerdo EEE, los conductores nacionales de Islandia, Liechtenstein o Noruega tampoco necesitarán dicho certificado.

Asimismo, dado que el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de las empresas ya se verifica al otorgar las autorizaciones de transporte, se han revisado los supuestos en los que es obligatorio el certificado de conductor. En consecuencia, este solo será exigible para el transporte internacional de mercancías cuando el conductor sea nacional de un tercer país fuera de la UE y del EEE y no tenga la condición de residente de larga duración en la UE.

La nueva orden también introduce medidas de simplificación administrativa, como la consulta de documentación a través de registros públicos y la eliminación del requisito de presentar un informe de la Prefectura Provincial de Tráfico sobre la validez de permisos de conducción expedidos por otros países.

La Orden TRM/59/2025 deroga expresamente la anterior normativa FOM/3399/2002 y establece las siguientes disposiciones clave:

1. Los certificados de terceros países se limitan al transporte internacional de mercancías por carretera. No serán necesarios para servicios de transporte interior ni para conductores de vehículos de transporte de viajeros o residentes de larga duración.
2. Los certificados emitidos conforme a la Orden FOM/3399/2002 seguirán siendo válidos hasta su fecha de caducidad.
3. Los requisitos para la expedición del certificado se mantienen, salvo la eliminación del informe de la Prefectura Provincial de Tráfico cuando el permiso de conducción haya sido emitido por una autoridad extranjera.
4. La Administración podrá consultar los requisitos mediante medios electrónicos cuando los registros correspondientes estén operativos.
5. Se deroga expresamente la Orden FOM/3399/2002.
6. La nueva normativa entró en vigor el 29 de enero de 2025.

Con esta actualización normativa, el Ministerio busca adecuar la regulación española al marco jurídico europeo y reducir la carga administrativa para las empresas de transporte.

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En el ámbito global, el Henley Passport Index es el referente más importante para medir la libertad de movimiento de los ciudadanos de diferentes países. Este índice clasifica los pasaportes del mundo basándose en la cantidad de destinos que sus titulares pueden acceder sin necesidad de visado previo. Los datos provienen de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), lo que garantiza la fiabilidad y precisión del ranking.

¿Por qué es importante el ranking?

El Henley Passport Index no solo refleja el poder de los pasaportes en términos de acceso internacional, sino que también sirve como un indicador de la diplomacia de los países, sus relaciones bilaterales y el estado de sus acuerdos internacionales. Un pasaporte que permite acceder a más países sin visado es considerado más “poderoso” porque facilita el comercio, el turismo y las relaciones diplomáticas. A lo largo de los años, este índice ha servido para demostrar cómo la movilidad global está directamente vinculada con las políticas exteriores de los países.

¿Quién lidera el ranking en 2025?

El Henley Passport Index 2025 revela los países más destacados en cuanto a la libertad de movimiento. A continuación, te presentamos los cinco primeros puestos de esta clasificación:

1. Singapur: Con acceso sin visado a 195 países, Singapur se mantiene como el líder indiscutido, mostrando una vez más el impacto de su red diplomática robusta.
2. Japón: Acceso a 193 países. Japón continúa destacándose en la región asiática, consolidándose como un referente de movilidad global.
3. España: Con acceso a 192 países, España se mantiene firme en el tercer puesto, empatando con otras naciones europeas como Alemania, Francia, Italia y Finlandia. Este logro subraya el poder de la diplomacia de España dentro de la Unión Europea y su influencia global.

La brecha de movilidad

Si bien los países en la parte superior del ranking disfrutan de una gran libertad para sus ciudadanos, el Henley Passport Index también pone de relieve la disparidad en la movilidad global. Muchos países en desarrollo enfrentan grandes dificultades para acceder a otros destinos sin la necesidad de visados. Estas limitaciones son un reflejo de las desigualdades económicas y políticas que aún persisten en la arena internacional. Los ciudadanos de estos países suelen necesitar visados, lo que representa una barrera significativa para el turismo y los negocios.

Implicaciones para los viajeros y el mundo

El poder de un pasaporte tiene implicaciones profundas para los viajeros. Las personas con pasaportes más poderosos disfrutan de una mayor facilidad para realizar negocios, estudiar en el extranjero o incluso mudarse a otros países sin tantas restricciones. Este acceso sin visado facilita el flujo de capital humano, lo que a su vez puede contribuir al desarrollo de relaciones internacionales más dinámicas.

Además, la clasificación refleja cómo las políticas de visados y las alianzas bilaterales entre países están moldeando un nuevo panorama de movilidad. Países que logran acuerdos de exención de visados tienen una ventaja significativa, pues facilitan la entrada de turistas, estudiantes y empresarios internacionales, lo que puede ser un motor para sus economías.

El futuro de la movilidad global

A medida que el mundo continúa interconectándose, las posiciones de los países en el ranking del Henley Passport Index podrían cambiar. Nuevas alianzas y acuerdos de libre circulación entre naciones podrían alterar las dinámicas actuales. De igual manera, los movimientos políticos y económicos pueden influir en la capacidad de los países para fortalecer su poder diplomático y mejorar el acceso internacional de sus ciudadanos.

Conclusión

En resumen, el Henley Passport Index de 2025 nos muestra el estado actual de la movilidad global y los factores que determinan qué países son los más poderosos en términos de acceso internacional. España continúa siendo un referente en Europa, ocupando el tercer lugar entre los pasaportes más poderosos, mientras que Singapur y Japón lideran la lista. A pesar de los avances en muchos países, las desigualdades en la movilidad siguen siendo una preocupación a nivel global, evidenciando la necesidad de continuar trabajando en la mejora de las relaciones internacionales y la flexibilización de las políticas de visado.

Para más detalles y acceder a la lista completa, puedes consultar el Henley Passport Index 2025 en su página oficial aquí.

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Schengen, el espacio sin pasaporte de la UE, abarca 29 países.

La posibilidad de moverse libremente sin necesidad de mostrar el pasaporte, vivir, trabajar, estudiar o incluso retirarse en cualquiera de los 26 países que conforman el área sin fronteras internas de Schengen es, sin lugar a dudas, uno de los avances más destacados de la integración europea.

El derecho a la libre circulación de personas, que tiene su origen en el Tratado de Maastricht de 1992, otorga a los ciudadanos el derecho de moverse y residir libremente dentro de la Unión Europea. Este principio se implementó de manera efectiva con la eliminación progresiva de las fronteras internas, gracias al establecimiento del espacio Schengen en 1995.

En la actualidad, 27 países forman parte completa del sistema Schengen: 25 países miembros de la Unión Europea y, además, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, que están asociados. Aunque Irlanda no pertenece a Schengen, puede optar por aplicar algunas disposiciones del acuerdo y tiene un área de viaje común con el Reino Unido. Por otro lado, Dinamarca forma parte de Schengen, pero tiene la opción de no adoptar nuevas medidas relacionadas con la justicia y los asuntos interiores, incluida la gestión de Schengen, aunque sigue adherida a ciertas políticas comunes de visados. Chipre, por su parte, está en proceso de evaluación para determinar si está preparado para unirse al área Schengen.

En noviembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó la adhesión de Croacia al espacio Schengen antes de que finalizara ese mismo año, lo que se materializó el 1 de enero de 2023. En julio de 2023, el Parlamento solicitó al Consejo que autorizara la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen antes de que concluyera ese mismo año, enfatizando que ambos países ya habían cumplido con los requisitos necesarios. Desde el 31 de marzo de 2024, los controles en las fronteras aéreas y marítimas de la UE se eliminaron para ambos países, mientras que los controles terrestres se suprimirán el 1 de enero de 2025.

Los países que deseen incorporarse al área Schengen deben asumir la responsabilidad de vigilar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Además, deben aplicar un conjunto de normas comunes, como los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y la emisión uniforme de visados Schengen. También deben garantizar un nivel elevado de seguridad dentro del espacio Schengen, colaborando con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en otros países miembros. Finalmente, deben conectarse al Sistema de Información de Schengen (SIS) para compartir información de seguridad.

Aunque los controles fronterizos internos han sido suprimidos, los países miembros conservan el derecho de reintroducir controles temporales si existen amenazas graves para la seguridad interna o el orden público. Desde la crisis migratoria de 2015 y el aumento de la amenaza terrorista, varios países reintrodujeron estos controles, una medida que también se adoptó durante la pandemia de Covid-19 para intentar frenar la propagación del virus.

En diciembre de 2021, la Comisión Europea propuso una actualización de las normas que rigen el espacio Schengen, con el fin de garantizar que la reintroducción de controles en las fronteras internas sea una medida excepcional y no una práctica frecuente. Esta propuesta también impulsó el uso de alternativas, como controles policiales más específicos y una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad. A pesar de las críticas del Parlamento Europeo sobre la reintroducción de estos controles, en febrero de 2024, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo para actualizar las normas de Schengen. Estas nuevas reglas, que entraron en vigor en julio de 2024, incluyen una evaluación de riesgos por parte de las autoridades nacionales antes de la decisión de restablecer controles y otorgan un papel de supervisión más activo a la Comisión Europea.

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El 3 de enero de 2025 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, aprobada el 2 de enero, sobre medidas en eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta normativa, que entrará en vigor el 3 de abril de 2025, supone un cambio importante en la legislación relacionada con los visados de residencia para inversores.

La Ley Orgánica 1/2025, referente a las medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, deroga los artículos 63 a 67 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, sobre apoyo a los emprendedores y su internacionalización, los cuales regulaban el visado conocido como Golden Visa

Con esta nueva ley, se eliminan los artículos 63 a 67 de la Ley 14/2013, lo que significa que quedará sin efecto la opción de solicitar visados de residencia mediante inversiones relevantes en España

¿Por qué se ha aprobado su eliminación?

1. Para facilitar el acceso a la vivienda para los residentes locales. La compra masiva de viviendas por extranjeros ha elevado los precios y generados procesos de gentrificación.
2. Las inversiones asociadas a esta visa no han tenido un impacto significativo en la economía, lo que ha llevado a la eliminación de todos los visados para inversores.
3. Tras la invasión de Ucrania, la UE ha comenzado a restringir los visados por inversión debido a preocupaciones sobre el blanqueo de capitales y la falta de transparencia, especialmente en relación con el origen de los fondos.

¿Qué es la Golden Visa?

La Golden Visa es el visado de residencia en España otorgado a través de inversiones significativas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones:

• Inversiones financieras: Se requiere una inversión mínima de 2 millones de euros en deuda pública española, o 1 millón de euros en acciones de empresas españolas, fondos de inversión, fondos de capital riesgo o depósitos bancarios en entidades españolas.
• Inversiones inmobiliarias: La adquisición de bienes inmuebles en España por un valor igual o superior a 500.000 euros.
• Proyectos empresariales: Se permite invertir en iniciativas de interés general desarrolladas en territorio español.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, estas alternativas dejarán de ser válidas.

Régimen transitorio

La ley establece medidas transitorias para garantizar los derechos adquiridos y las solicitudes ya en proceso:

• Solicitudes presentadas antes del 3 de abril de 2025: Aquellos inversores o familiares que hayan solicitado su visado antes de esta fecha podrán continuar con su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al momento de la solicitud.
• Visados ya concedidos: Los permisos otorgados antes de la entrada en vigor de la nueva ley seguirán siendo válidos durante el periodo para el cual fueron concedidos.
• Renovaciones: Las solicitudes de renovación de los visados se tramitarán conforme a las disposiciones legales aplicables en la fecha en que se otorgó la autorización inicial.

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